ASF Detecta Exceso de Pagos de Pemex a Odebrecht

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La dirección de la petrolera estatal marca distancias con la época de Emilio Lozoya y dice que "no habrá impunidad".

Ante la ASF, la Coordinación de Servicios Médicos Subrogados de Pemex atribuyó la decisión de solicitar el Sistema Electrónico a la Gerencia de Contrataciones para Servicios de Soporte y de Salud.

En México según la investigación de Guadalupe Fuentes (SinEmbargo), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) apunta que dicha Auditoría detectó que Pemex realizó presuntos pagos irregulares por mil 250 millones de pesos en contratos suscritos entre 2013 y 2015 a la empresa constructora de Norberto Odebrecht y otras empresas para realizar obras en las refinerías de Salamanca (Guanajuato) y Tula (Hidalgo).

En promedio el costo por traslado en este avión el año pasado fue de 1.07 millones de pesos, pues se incrementó en 784.5 mil pesos a raíz de una menor utilización. Para probarlo, la ASF compara estos precios con los que figuran en otro contrato para un proyecto similar en su refinería Antonio M. Amor de Salamanca.

En el informe también revela que existe un probable daño por 139.9 millones de pesos y acusa falta de control y vigilancia de los trabajos.

"Pemex atenderá dentro del plazo concedido las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, una vez que las mismas sean notificadas", dijo en un comunicado, y agregó que "aportará toda la información necesaria a fin de que se determine y sancione cualquier acto ilícito cometido".

El 25 de enero de 2017, Pemex interpuso una denuncia de hechos ante la PGR, El 5 de abril de 2017, Pemex publicó en su portal de internet los contratos que celebró con la empresa Odebrecht. Además, la petrolera estatal mexicana destaca su "estrecha colaboración" con la justicia desde que estalló el caso Odebrecht en Brasil.

En los años mencionados que abarcan el presente periodo administrativo, Emilio Lozoya Austin estuvo al frente de Pemex. "Petróleos Mexicanos es el principal interesado en aclarar cualquier acto ilícito que se haya cometido". Conforme a su mandato legal, el propósito de este organismo es "verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas, y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público".

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