Lleva Acción Nacional caso de Coahuila ante la OEA

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Detallaron las razones de la impugnación interpuesta ante los tribunales competentes, no únicamente por el PAN, sino por los cinco candidatos que hoy integran el Frente por un Coahuila Digno.

Tras la reunión acordaron mantener comunicación con la OEA para mantenerla al tanto sobre el desarrollo del caso.

Entre las irregularidades denunciadas en la elección de Coahuila, está la presencia de paquetes electorales vulnerados, el uso de recursos públicos con fines electorales por parte del Gobierno estatal, así como presuntas fallas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) en pugna al Gobierno de Coahuila, Guillermo Anaya, afirmó que se documentaron 14 agravios y 200 pruebas para la anulación de la elección el pasado 4 de junio.

Esta ciudad turística del sureste de México acoge desde este lunes y hasta el próximo miércoles el cuadragésimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la que asisten representantes de 34 países miembros (todos menos Cuba), entre ellos 26 cancilleres.

Además de detallar la serie de irregularidades ocurridas durante los comicios coahuilenses, los panistas le pidieron a la OEA que se mantenga atenta al proceso de impugnación de la elección.

Acompañada por Beatriz Mojica, secretaria general del partido, Barrales también entregó al organismo internacional un informe que detalla la situación de violencia e inseguridad que padecen autoridades municipales, dirigentes del partido, periodistas y la sociedad mexicana en general.

Para combatir los delitos electorales y en materia de corrupción, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la Auditoria Superior de la Federación (ASF) trabajarán en manera conjunta en un mapa de riesgo electoral y anticorrupción.

"El titular de la Fepade, mencionó que en las campañas electorales se contratan empresas fantasmas para proveer diversos materiales y servicios a los candidatos en los procesos electorales, creando así una competencia desleal en el sector empresarial y violando la equidad en las campañas electorales", señaló la PGR.

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