"Constituyente abre espacios para la convivencia y diálogo político" — Jaua

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La MUD considera la Constituyente una "farsa", al cuestionar la propuesta de Maduro de elegir la mitad de los 500 asambleístas que reformarán la Constitución por votación de sectores que, asegura, son controlados por el gobierno, mientras sólo la otra mitad se escogerá en comicios municipales.

Hasta ahora, los portavoces de la comisión presidencial para la Constituyente han adelantado que sectores como los pensionistas y los estudiantes elegirán a sus propios representantes, aunque falta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) apruebe las llamadas bases electorales de este proceso.

A juicio de los opositores, Nicolás Maduro, pretende eludir la exigencia de elecciones generales y hacer una Constitución a su medida para "perpetuarse en el poder".

Durante las protestas de ayer manifestantes lanzaron envases llenos de heces en contra de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana, reportó la prensa.

"El único camino a la paz para recomponer es el poder constituyente originario (.) y las próximas semanas llueva, truene o relampaguee (espero) estar presente en la instalación de la magna Asamblea Nacional Constituyente, y se abrirán las compuertas del gran diálogo", agregó.

En una entrevista con el canal privado Televen el ministro dijo que la postura de la oposición coloca al país en una "peligrosa situación, entre una delgada línea entre la guerra y la paz".

La iniciativa de Maduro para reformar la constitución ha generado controversia incluso en el oficialismo. El diputado Eustoquio Contreras dijo que aunque respeta la convocatoria "no la compartimos políticamente".

Relató que una vez que Maduro planteó este proceso, la comisión evaluó la viabilidad jurídica, y están convencidos de que la iniciativa del Presidente obedece a sus facultades constitucionales.

Venezuela vive desde el primero de abril una ola de protestas a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado al menos 37 muertos y más de 700 heridos.

La coalición opositora y algunas organizaciones humanitarias acusaron a las autoridades de violar la ley al pasar a varias decenas de detenidos civiles a la justicia militar y amenazaron con llevar los casos a instancias internacionales.

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