Casas Copeva: la vergüenza de una política social

“¡Lo que la gotita pega, Copeva lo despega!”, eran los cánticos que sonaban durante el invierno de 1997 entre los vecinos de la Villa Los Puertos de Pudahuel. Ahora, recién doce años depués, la justicia ha resuelto y los propiertarios de viviendas en ese sector ven reconocidos, en parte, sus derechos.

Hagamos un poco de historia. Durante el gobierno del ex presidente (y actual candidato) Eduardo Frei se construyeron viviendas sociales en el marco del Programa Especial de Trabajadores. Lo que buscaba esta política social era mejorar la calidad de vida de los beneficiados en este programa otorgando viviendas dignas. Pero durante el invierno del 97, cuando el fenómeno climático del El Niño azotó con gran potencia a Chile (y a Perú) el sueño de “la casa propia” se convirtió en una pesadilla para los propietarios de estas viviendas. La empresa constructora Copeva, mediante una licitación hecha por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), había sido la encargada de la construcción de estas casas, pero lo hizo de forma deficiente. Filtraciones, humedad, voladura de techumbres fueron las consecuencias estructurales de esta negligencia. Pero las enfermedades que se les produjeron a raíz de la forma de vivir y los daños morales de quienes habitaron las casas Copeva fueron las secuelas más dolorasas para los pobladores.

Hoy, después de más de una década tratando de buscar alguna compensación por la degradación vivida, los pobladores recibirán una indemnización de parte del Serviu. Un millón de pesos por daño moral a cada uno de los 90 propietarios fue el monto que determinó la Corte Suprema. Fue un fallo unánime de la Tercera Sala, a pesar de que los propietarios habían pedido por este concepto un millón y medio. Pero ¿Un millón o un millón y medio reparan realmente lo vivido por estos pobladores?

La sentecia establece que el Serviu es responsable extracontractualmente por confeccionar deficientemente las bases técnicas adecuadas para la construcción de las casas del Programa Especial de Trabajadores. Pero la responsabilidad especial tal vez no sea sólo del Serviu, si no que desde otras entidades gubernamentales encargadas de las políticas sociales también tengan algo que decir. Los presupuestos son asignados y los proyectos aprobados desde cargos de más arriba.

En términos prácticos, las reparaciones de los daños a las casas se resolvió a puertas cerradas entre la constructora Copeva y los propietarios afectados. Pero allí sólo se “arregló” algo que ya venía mal hecho. Los vecinos continúan en sus “casas Copeva”. Y aún peor, Copeva no sólo construyó casa en Pudahuel, Puente Alto también fue escenario de estas edificaciones,  donde las respuestas a sus problemas aún no son claras.

Y como es tiempo de elecciones, “Le quiero mandar un recado a los que construyeron las casas Copeva, porque en mi Gobierno no habrá ninguna tolerancia para que los que ganan licitaciones se presten para construir viviendas indignas que a pocos años de ser inauguradas se lluevan”, dijo el candidato presidencial Marco Enríquez Ominami frente a la resolución de la Corte. Además, se comprometió a que durante su gobierno “no defraudaremos a los chilenos en el sueño de la casa propia, la vivienda es un derecho y no un objetivo”. Se agradecen las buenas intenciones, pero más aún se agradecerían buenas acciones.

Más allá de la indemnización a los propietarios de las casas Copeva, o de que un eventual gobierno entrante de la posición que sea hable de que la experiencia no se volverá a repetir, se debería pensar en una reformulación de cómo se implementan las políticas sociales. Por muy sociales que sean, van dirigidas a personas como todos.