Hablar de crisis económica siempre desembocará en sus implicancias en la población, es decir, es casi inevitable acordarnos de “lo social”. Nos recuerda, al mismo tiempo, que conceptos como la inflación y el índice de precios al consumidor (IPC) ya no son tan desconocidos cuando nos damos cuenta que los precios de productos y servicios de primera necesidad, suben y suben; y que a su vez, la probabilidad de que los sueldos se ajusten a esta realidad económica de los trabajadores, bajan y bajan.

El paro de la ANEF responde entonces a esta inadaptabilidad que se produce entre sus salarios y los desvaríos del mercado. La propuesta de los empleados públicos es el aumento de sus ingresos en un 14,5%. Lo suficiente como para sobrevivir. No obstante, a partir de este fetiche periodístico de la semana, más que darle otra vuelta de tuerca al asunto, se pueden desprender algunos sub-temas que bien podrían ser parte de la misma discusión.

Partamos con aquel aspecto “social” –del cual se jactan algunos ingenuos y escépticos analistas–, el cual sólo sacamos a colación en momentos de crisis y que también suele tergiversarse dado su carácter efímero. La unión de los distintos sectores competentes en este tema no se hubiera dado en otro contexto que no sea el “me falta plata para el pan, me adheriré al paro para ver si consigo algo”.
Cuando en el segundo semestre del próximo año las oscilaciones de la economía dejen de pegarnos de la manera en que lo harán, probablemente la adhesión a estas movilizaciones y paros será ínfima. Más que encontrarnos en un “barroco” de “lo social”, el tema se encierra en un trasfondo de interés personal más que grupal, como asociación de trabajadores. Consideremos entonces que “lo social” sería, si además de centrar la discusión en los salarios de los empleados públicos, ésta se extendiera también hacia aquellos trabajadores asalariados de empresas privadas.

Asumido esto, el trasfondo del paro de la ANEF, de todos modos, nos recuerda –en esta lógica de rescatar conceptos y actitudes que sólo se dan en periodos de crisis– que el tema de los salarios es un problema que no sólo viven ellos como empleados fiscales, sino que también cientos de miles de familias que, anónimamente, deben resignarse en sus respectivas empresas del sector privado, en donde, claramente, la trascendencia de un movimiento sindical con las características de la ANEF nunca se daría.

Sin duda, un paro de los trabajadores fiscales tiene mucha más trascendencia que una simple “huelga” de alguna empresa privada. Y hablemos de trascendencia cuando se consigue poner el tema en boga a través de la televisión. Cuando se llega a ese punto, es porque ya tienen ganada la mitad de la batalla, más aún considerando que en el caso del paro de la ANEF es el Gobierno el que está inmiscuido. El que se debata en los medios es un método de presión para la administración estatal por sus consecuencias en la aprobación y popularidad del gobierno y gabinete. Así como se está dando, el elástico cederá pronto, y de parte del Ministerio de Hacienda, sin duda.

La situación en las empresas privadas es menos alentadora. No se obtiene la tribuna necesaria para ejercer presión y de hecho, son mucho más vulnerables, ya que los trabajadores que estén en una eventual huelga pueden ser despedidos sin anestesia, no sólo porque la persecución laboral a caudillos sindicales es una tradición en la empresa privada, sino porque también, en el sector público, el sólo hecho de despedir a uno de los empleados que estén paralizados armaría el escenario para una verdadera batalla campal entre gobierno y trabajadores. Pero eso no pasará, mientras los periodistas estén anotando en su libreta cada movimiento de las dos partes, Andrés Velasco estará amarrado de pies y manos.

Por otro lado, llama la atención que la gente condene a los mismos trabajadores en paro, en vez de cuestionar directamente al Gobierno. Lamentablemente, los trabajadores del sector público son atacados desde todos los flancos, tanto de Hacienda por su inconsciencia hacia las personas que permiten el funcionamiento del aparato burocrático del estado, al no subir de una vez por todas sus sueldos, teniendo claro el escenario inflacionario al que están expuestos, no sólo ellos, sino que –como se menciona anteriormente– todos los trabajadores del país; como también de parte de la sociedad, de quienes –se supone– deberían ser aliados si tanto nos jactamos de que con este tipo de movilizaciones estamos actuando bajo términos “sociales”.

No obstante, llegado este punto, la disyuntiva ya no es si el Gobierno debe reajustar los sueldos o no, sino que pasa a ser si es la gente quien debe pagar “el pato”. Si establecemos que del sector público dependen trámites de vital importancia para concretar determinadas instancias económicas, educacionales y salubres, la importancia del reajuste salarial que piden no resulta tan inverosímil e infundada, pero al mismo tiempo, se deslinda que la preponderancia que poseen los trabajadores públicos subordina a las necesidades imperiosas de la gente por hacer usufructo del servicio que los empleados fiscales ofrecen.

No se trata entonces de hacer una apología de los trabajadores públicos frente al descontento de las personas que están a la espera de que esto acabe, para ir al Registro Civil y sacar un certificado de defunción o firmar un divorcio, o que deben ir al Instituto Médico Legal a retirar al cadáver del familiar fallecido en trágicas circunstancias. Es abrir bien los ojos, por medio de situaciones como ésta, para sopesar la profunda importancia que posee el sector público en la vida de la ciudadanía, y que nosotros, mezquinamente renegamos en cada momento que pegamos la puteada de que por qué no tienen abierto el consultorio o el liceo del hijo cuando lo necesitan.
Es por esto que no podemos hablar de movimientos “sociales”, porque paradójicamente, la misma sociedad es quien reprime huelgas ortodoxamente correctas.

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