La definición más cercana a eutanasia es bien morir. Es así, como en muchas partes del mundo legal o ilegalmente las personas optan por dejar sus tratamientos médicos o bien pedir asistencia en la muerte ante enfermedades terminales con el fin de evitar sufrimiento para ellos y sus cercanos.
Acá no se habla de suicidio, si no que de la opción de programar la muerte cuando esta se vuelve inminente y próxima producto de una enfermedad o discapacidad.

El caso de la niña de 13 años Hannah Jones, quien luego de una batalla legal contra su equipo médico, ganó la opción de optar por no seguir con su tratamiento de una rebelde leucemia que le produjo un daño cardíaco tan severo que le demandaba un trasplante al corazón.
La compleja operación no garantiza en ningún caso la recuperación de la chica, y ante esto ella optó por no seguir con el tratamiento, algo que le provocará la muerte en cosa de días.

En Chile vemos como solapadamente se desconectan a enfermos vegetales de las máquinas respiradores para luego cambiar la causa de la muerte. Tal como en el aborto, acá se hace una práctica encubierta donde todos somos cómplices, pero al minuto de hablar de regularla, normarla y legalizarla, se pone el grito en el cielo al considerársele inmoral.

¿Acaso un sistema o una sociedad pueden optar por un derecho tan legítimo para un ser humano? ¿En que minuto una opción de este tipo puede minar los cimientos morales de una sociedad?

Acá en Chile se enfoca el punto desde una postura valórica cristiana. Lo cierto es que el Estado chileno por definición no lo es. Es más, muchos chilenos no lo son. Incluso si vamos más allá y determinamos que todas las religiones establecen el derecho a la vida, muchas personas en la sociedad no comulgan de forma ortodoxa a los postulados de sus creencias, y otros muchos ni siquiera se definen dentro de los cánones de pertenecer a una religión.
Acá se habla de un derecho, el de poder optar si quiero o no morir sufriendo, si quiero partir de forma física y mentalmente íntegra o absolutamente demacrado.
Bajo el prisma del carpe diem, si existe la justicia del más allá será uno el que la enfrente, no la sociedad.

Lo que para algunos puede ser una aberración o un atentado a la dignidad, para otros puede ser un derecho básico. Si partimos de la base que el Estado debe generar alternativas y no edictos morales, y que claramente estamos frente a un tema que no atenta contra terceros, ni contra la sociedad, resulta incomprensible que no exista una legislación al respecto.

Mientras nos cuestionamos de la vida y de la muerta, de lo humano y lo divino, seguiremos buscando a La Madre de Todas las Preguntas.

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