Me cuesta, y de verdad me cuesta mucho ser imparcial en los temas que conciernen a los 17 años de dictadura en Chile, más aún, cuando en algún punto de mi redacción tengo que escribir el nombre Jaime Guzmán.

Sin querer ser majadero y mucho menos, armar una discusión sobre si fue cómplice de gran parte de los casos de violación a los Derechos Humanos o bien, el gestor de una de las Constituciones más eficientes de Latinoamérica, mi análisis lo resumiré en el siguiente razonamiento: Si Pinochet era la encarnación de la fuerza bruta y las armas en el proceso de “reestructuración nacional” –concepto con el que muchos asiduos partidarios de la derecha disfrutan de incesantes masturbaciones mentales–, Guzmán, sin duda, fue el cerebro e ideólogo del régimen dictatorial que la llevó a cabo –sean cuales hayan sido las consecuencias de sus ideales–.

Fue el principal redactor e ideólogo de la Constitución de los 80. Sí, aquella misma que hasta el día de hoy nos tiene amarrados de los testículos, con un sistema político, educacional, económico y social lamentablemente inexorable. Es decir, si hay un culpable que la política chilena contemporánea sea el circo que vemos todos los días, es él. Sí, Jaime Guzmán.

Uno de los fundadores del partido más grande de Chile, la Unión Demócrata Independiente, (cosa que no tiene mayor mérito considerando que se formó sobre la base de decenas de centenares de estudiantes de una universidad privada, pero tradicional, que se vende como católica y progresista -vaya dicotomía- es decir, la PUC) y mártir de la derecha criolla al morir, paradójicamente, bajo la maldición de sus propias –y prematuras– denuncias a los primeros meses de Gobierno de la Concertación, al aducir que no se estaban tomando las medidas necesarias para contrarrestar los movimientos radicales subversivos aún existentes en el país.
No mucho tiempo después de sus dichos, Jaime Guzmán muere asesinado en manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1991.

El legado que dejó a la política chilena dista de ser digno de un buen análisis. Independientemente de redactar la Carta Fundamental de la nación a los requerimientos del imperante capitalismo al que debíamos necesariamente adaptarnos luego del sesgo comunista que dejó Allende tras su fallida utopía, las intenciones ocultas tras sus ideales progresistas nos pasan la cuenta de manera cruda y discriminatoria en la actualidad.
Hay que reconocer, que gran parte de los problemas legislativos que se debaten en torno a temáticas de orden nacional –que tocan directamente a la ciudadanía–, se han visto trabados e imposibles de tramitar por los requerimientos constitucionales, contenidos justamente en el documento redactado, pensado e ideado por Guzmán y cía.
Basta traer a colación el problema de la educación y la LOCE, disyuntiva que nos aclaró que el amarre constitucional es prácticamente inamovible e imposible de aflojar. Esa intención oculta estaba pensada, premeditadamente, para que llegado el momento en que Pinochet dejara su cargo, este entregara el “gobierno” pero no el “poder”.

A modo muy –pero muy– personal, no encuentro motivos realmente fehacientes como para convertir la figura del difunto dirigente gremialista en un algo que debe reconocerse como un “gran valor” de la política chilena. Tras su recuerdo, está la sombra de los crímenes que se cometieron en al dictadura, y que él, ante la incapacidad intelectual de un militar de poca monta como lo fue Pinochet, tuvo el deber y –la desfachatez– de justificarlos.

En 1993, durante el Gobierno de Patricio Aylwin se dictó una ley que permitiría la construcción de dos monumentos al difunto ex- Senador Jaime Guzmán, uno en Santiago y otro en regiones. Firmada la ley, se creó una comisión que se encargaría del concurso para la elección del proyecto que daría vida al memorial. 10 años más tarde, 2003 comienza su construcción y este año, el 9 de noviembre del 2008 está programada su inauguración y la polémica es si la Presidenta Bachelet debe asistir o no. Un dilema errado, sin duda.

Cabe preguntarse, a partir de todo lo anteriormente expuesto, si la disyuntiva se instala hoy, con la duda de la Presidenta de si asistir o no al acto inaugural o bien, esta tuvo su génesis en el 93’, con la promulgación de la ley que permitía la construcción de este memorial.

El homenajear a quien justificó lo injustificable, en cuanto a DD.HH en Chile se trata, es el equivalente a felicitar a los militares estadounidenses que lanzaron las bombas nucleares en Japón. O sea, ni Jaime Guzmán ni los militares norteamericanos inventaron el arma, pero igual los dos la dispararon. Esto no puede ser posible. Nunca debió ser posible.

Digamos las cosas como son: Jaime Guzmán, por mucha influencia que haya tenido en nuestra sociedad, no merece el sitial que se le dio con la construcción de un monumento en su homenaje, tal como Allende tampoco debió tener el suyo.
Es algo que ya se ha dejado en manifiesto: el rendirle homenaje a personajes de la calaña de Allende o Guzmán no hacen más que exacerbar sus obras, deformando de paso, la real influencia que tienen en la sociedad chilena.
Sin embargo, el argumento con el que se escudan historiadores y sociólogos no lo podemos obviar, la única manera de entender los hechos del presente es analizando los del pasado, por lo tanto, erigir estatuas y monumentos a grandes personajes de la historia chilena es necesario para no olvidarnos de quienes fueron los forjadores de nuestra patria.

El problema es que el presente de Chile durante 18 años ha sido el pasado.

Lo queramos o no, Guzmán, Pinochet y Allende, lamentablemente, siguen presentes en cada discusión ideológica y política. Sobre todo Guzmán, o si no pregúntenle a Pablo Longueira.

Política, Status Quo
Homenaje a Jaime Guzmán, INauguración Memorial Jaime Guzmán, Memorial a Jaime Guzmán