Es el pasado Lunes 11 y la comisión política del PS designa al secretario general del partido, Marcelo Schilling, para ocupar el escaño que deja el fallecido Juan Bustos.

Claro, uno podía pensar que esto de los parlamentarios designados era algo que pasaba con los senadores y que ya se había acabado.
Pero no, fue en las oficinas del partido socialista donde se designa a un “ex oficinista” por “su peso político” y para “poner orden” en la bancada.
Y se revive –obra de teatro incluida- el temita de la famosa “Oficina”.

Sería desproporcionado compararla con la DINA o la CNI, pero la verdad de las cosas es que nuestra debutante “democracia protegida” –porque muy descarado sería llamarla “democracia” a secas-, estaba algo nerviosa en su fragilidad por el asesinato a Jaime Guzmán.
Es decir, todavía había olor a milico en las dependencias del Gobierno, y el ahora reducido a cenizas estaba todavía al mando del ejército. Tanto había costado negociar la salida del régimen, tanta reunión, tanto pacto, tanto negociado, tanta “oficina”…no podían malgastarse. Estos revoltosos que seguían pensando que el camino para derribar una dictadura debe ser el mismo que la instaló, o sea la fuerza, había que “desarticularlos” y “neutralizarlos”.
Grupos armados que pensaban –tal vez con justa razón, pero con demasiada fuerza- que la salida institucional a una dictadura equivale a institucionalizarla, a legitimarla (sobre todo manteniendo su constitución y sistema de elecciones), debían desaparecer. No vaya a ser cosa que los militares perdieran la paciencia y se tomaran el poder de nuevo.

Y así como en democracia se asfixió toda la prensa “crítica” o “alternativa” en un velado trato con el duopolio, “La Oficina” se encargaría de la persecución, infiltración, delación y encarcelamiento de movimientos como el MIR, Lautaro, o FPMR.
Ojo que en ambas “misiones” encontramos a nuestro ex ministro del Interior: el “Sheriff” Belisario Velasco.

Pero bueno, volvamos a Schilling.

“La Oficina” operaba, como era de esperarse, bajo una institucionalidad: la “ley de delación compensada”, conocida también como “de arrepentimiento eficaz”. Bajo esta figura, Schilling, Sheriff, y secuaces aseguraban a los sapos y traidores amnistía, e incluso pega, por delatar a sus ex compañeros. El mismo Schilling fue escogido para ese puesto por tener nexos y conocer el funcionamiento de varios de esos movimientos.
Cuando fue nombrado embajador en Francia, los socialistas radicados allá protestaron por la llegada del gran traidor, sin embargo, él siempre ha defendido su pega diciendo que estaba en el marco de la legalidad y que era para defender la frágil institucionalidad democrática debutante.
Y es ahí donde está la clave para entender a este personaje: Schilling condensa muy bien ese incómodo espacio en el cual la ley se riñe con la integridad, el sentido común, y la propia democracia.
“Es que hay que actuar conforme a la legislación y si mi partido me encomienda esta misión yo la asumo en la memoria de Juan Bustos”, es su respuesta frente a lo feo que suena toda esta situación en la cual un diputado es designado por un partido para ocupar la plaza de un distrito donde ni siquiera tiene residencia.

Harta resistencia genera entre sus pares del partido, de hecho muchos pedían que el secretario general del PS fuera un parlamentario. Pues el talibán Escalona declara ahora que “Bueno, los diputados siempre dijeron que uno de ellos tenía que ser el secretario general. Ya lo tienen.”
Cuando las bromas de Escalona son pesadas, son bien pesadas.

El 22 de junio de este año los miembros del comité central del PS Alejandro Navarro, Carlos Moya, Fernando Zamorano, Manuel Cortés, Esteban Silva, Freddy Guzmán, Fernando Arce, Rosa María Leal, Paddy Ahumada y Gonzalo Martner, pidieron su renuncia a la mesa.
Renuncia a la que Schilling se negó.

¿La causa?
El 18 de junio miembros de la Juventud Socialista se habían tomado la sede del partido. Schilling ordenó el desalojo y represión por parte de carabineros.
Para los militantes firmantes de la carta que pedía su renuncia y sanción se trataba de una situación inaceptable ya que “nunca en la historia del Partido había ocurrido una acción de estas características, menos aún con el respaldo de autoridades partidarias. Nunca un socialista había movilizado fuerzas policiales para reprimir a otro socialista.”
Schilling, por supuesto, se amparó en la ley y facultades que le correspondían.

A mi modo de ver, si un parlamentario de un distrito fallece o debe retirarse, cueste lo que cueste se debiera hacer una nueva elección en ese distrito. La democracia no debe negociarse. No más.
Antes de la ley que consagra esta patética forma de reemplazo, asumía su compañero de lista. El cambio de la ley se argumentaba como manera de descomprimir el sistema binominal. Pero queda demostrado que es sólo una manera de otorgarle mayor poder a los partidos, desconocer que esto pueda sucederle a un independiente, y por lo tanto seguir en la lógica binominal que empodera a coaliciones y no a personas.

La discusión da para rato, pero dos cosas son claras para mi gusto: La Ley no garantiza ni la justicia, ni la moralidad, ni la integridad, ni la democracia. Y por otro lado, Schilling fue escogido para que siga haciendo lo que mejor hace: encausar y reprimir a los desordenados, sobre todo si son de su mismo partido.

¿La primera votación de Schilling recién asumido? Fue el voto decisivo que aseguró en la cámara baja las platas para el Transantiago. Nada de díscolos acá, sólo oficinistas modelo.

Actualidad/La Columna
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