El problema: Intervención electoral

Los antecedentes: Aunque la Alianza trate de hacernos creer que la intervención electoral fue un invento de los gobiernos de la Concertación, lo cierto es que la historia va bastante más atrás que eso.

En el siglo XIX, el gobierno tenía un poder bastante absoluto, desde el hecho de que los candidatos debían contar con la venia del Presidente de la República. La intervención era posible más que nada debido a la ausencia de un Servicio Electoral. Antes los comicios eran controlados por los municipios, por lo cual la intervención era muy fácil.

En aquellos tiempos, la intervención se daba en formas tales como: el robo de las urnas con los sufragios; la suplantación de votantes; la masiva movilización de funcionarios públicos; la entrega adelantada al votante del sufragio ya marcado; etc.

Durante la dictadura, el plebiscito que terminó sacando a Pinochet fue otra muestra. En plena campaña, se llenaron los barrios de gigantografías que mostraban cómo era el voto. Mientras el lado del No estaba vacío, el del Sí era animado con dibujos de coloridos parques en los que todo era felicidad.

Ahora que vienen los comicios municipales, el tema vuelve a reflotar. Las acusaciones van y vienen. Así la oposición acusa al gobierno de intervenir (como Schaulsohn que sostuvo que fue intervencionismo lo que impidió que su partido ChilePrimero no fuera admitido a nivel nacional; o los dos parlamentarios Monckeberg en diversas ocasiones) y el oficialismo responde (como Escalona que recordó el intervencionismo a favor de Buchi cuando éste fue candidato en 1989, con Sebastián Piñera como uno de sus jefes de campaña).

De momento existe una ley sobre Transparencia, Límites y Control de los Gastos Electorales que no es muy específica en torno al tema. En el Congreso, todavía se encuentra en discusión una reforma que sea más dura, pero no hay acuerdo entre Concertación y oposición, en particular porque esta última pide que los funcionarios públicos no se sumen a las campañas ni siquiera fuera de su horario de trabajo y que el gobierno no realice inauguraciones en los 90 días anteriores a una elección.

En lo personal, no estoy en contra de que los funcionarios públicos participen en campañas, siempre y cuando no lo hagan en su horario de trabajo y que no hagan uso de sus gastos reservados para ello. Tampoco creo que un gobierno deba estar 90 días sin poder dar cuenta de lo que hace (cualquiera sea ese gobierno), aunque sí estoy en contra de que se saquen inauguraciones tongo de la manga.

Lo más grave de la intervención electoral es que se use dinero del Estado para financiar campañas, afiches, etc. O que se movilice a funcionarios comunes y corrientes para repartir panfletos en sus horas de trabajo, etc, cuando deberían estar cumpliendo su deber.

Una de las principales acusaciones que se hace al gobierno es la intervención a través de los medios de comunicación. El vocero Francisco Vidal fue criticado por eso con Lagos y también ahora. Ese es un tema complicado, porque a pesar de que un gobierno es “de todos los chilenos”, también representa una tendencia. En ese sentido creo que los gobiernos tienen el derecho de apoyar a quien quiera o de hacerse propaganda. Poner límites en este tema (en particular mediante una ley) es complejo.

Mientras no hay reforma a la ley, la Presidenta hizo llegar a sus funcionarios un instructivo para impedir el intervencionismo. Así todos quienes postulen a un cargo en las elecciones, deben renunciar antes del 27 de agosto. También se prohíbe hacer campaña en horario de trabajo. De la misma manera, se va a elaborar una lista de las inauguraciones que estén programadas hasta las elecciones, para impedir que surja una nueva cada día de la semana.

Cuando se trata de elecciones municipales, en todo caso, esto debería exigirse en cada municipio, porque no todos son proclives al gobierno, por lo cual habría que demandarle a cada partido político que ordene sus filas.

Las opciones: La principal es trabajar en una ley que no sólo prohíba la intervención, sino que la sancione en forma drástica; porque si no hay sanciones, no hay un verdadero incentivo a omitir acciones poco transparentes. Ponerse de acuerdo en cuáles son esas formas, cuáles son los límites, qué se puede hacer y qué no, cuándo y cuándo no, es la parte complicada.

Las interrogantes: Por un lado está el tema de usar la intervención electoral como un arma fácil para acusar a cualquiera sea el gobierno que tengamos. En vez de centrarnos en temas más de fondo, esto es, cuáles son las falencias del gobierno (central o municipal), las propuestas, etc.
Recordar que también está el otro lado, el que los candidatos que no son de gobierno utilicen su dinero en comprar votos o comprar espacios, porque al final, los candidatos que no tienen gran financiamiento terminan últimos porque no tienen suficientes carteles, etc.
Es interesante también el hecho de que un precandidato presidencial sea dueño de un canal de televisión, ahí también hay una forma de intervención.
Así que junto con el tema de la intervención desde el gobierno también debe trabajarse en la ley del fideicomiso ciego y otras afines.

Las posibles soluciones: Opciones hay muchas, las soluciones acá en RLP®, las das tú.

Actualidad/Vox Populi
Alianza, Concertación, Intervencionismo Electoral, Servicio Electoral