Ahora resuenan con más fuerza que nunca aquellas sabias palabras que emanaban de una boca para nada sabia diciendo: “La corrupción no es exclusividad de la Alianza o del gobierno”.

Y claro pues, le tocó a la UDI ahora. Huechuraba, Recoleta, Viña del Mar, y Estación Central, municipalidades controladas por el partido de derecha han caído bajo la estigmatizante investigación de la Contraloría General de la República. Esa institución que cada vez que funciona, hace rodar cabezas y credibilidades.

¿Qué sucedió?

En términos simples tenemos un personaje clave: el empresario y operador político de la UDI Iñaki Busto. Ahora, todos intuimos algo la oscura figura del operador político: mueve influencias, actúa envuelto por el chantaje y favores que se deben, asegura que ciertas cosas sucedan, coordina los actos de apoyo, realiza nexos estratégicos, y, por sobre todo, se mueve en un segundo plano.

Un operador político jamás será visto en la mesa de un partido, candidato a un cargo, o encabezando una repartición pública. No. El operador político se encarga de que cierta gente llegue a esos lugares, y luego cobra esos favores. Esa gestión.

Pues bien, Busto recibió entre 2005 y 2006 62 millones de pesos de parte de la municipalidad de Recoleta para realizar funciones propias del municipio bajo la figura de “diversas labores”. El tema es que Busto operaba también en la empresa Gestión Municipal Avanzada (GMA), de la cual fue dueño durante el 2007. Sin embargo, Contraloría informa que al menos durante el 2006 Busto se desempeñó tanto para la Municipalidad como para GMA, las que tenían relaciones contractuales entre sí.

Ahora, GMA, en febrero de este año fue denunciada por el yerno de Lavín (Isaac Givovich) en la cual dicha empresa y la municipalidad de Huechuraba habrían estado involucradas en turbiedades. Esto ya se probó en contra de Carolina Plaza, la alcaldesa: firmas irregulares de contratos, sobreprecios, nula utilidad de las asesorías y servicios para la Municipalidad, y doble rol de funcionarios municipales ligados a GMA.

En simple: GMA recibe millones de pesos de Municipalidades de miembros del mismo partido que su dueño –operador político- por hacer nada. O trabajos que quedan en nada.

Con dos dedos de frente y algo de desconfianza, podríamos especular que GMA es una empresa creada para que se paguen los servicios y favores de operador político.

En el caso del alcalde Cornejo, fue una ex funcionaria de su alcaldía, Jenny Acevedo, la que se pasó a GMA. De hecho, como representante legal de la empresa. El tema, nuevamente, es que hubo un período de tiempo clave en el que Acevedo se desempeñaba tanto en la municipalidad como en GMA, con la agravante que se firmaron contratos millonarios entre ambas.

Cornejo básicamente se hizo el loco, y defendido legalmente por Carlos Cortés (conocido abogado defensor de causas tan nobles como Aero Continente cuando fue acusado de lavado de dinero y narcotráfico por el CDE, uno de los militares ligados a las platas del Riggs, y la secretaria de Pinochet, Mónica Ananías), adoptó la estrategia de presentar la denuncia en el sistema antiguo contra Acevedo.

En el 23º Juzgado del Crimen de Santiago. Esto hace que se mueva la causa por el sistema antiguo y evita que el Ministerio Público la lleve en el nuevo. O sea, ganar tiempo de manera descarada, dada las inminentes (re)elecciones municipales y la clásica lentitud de la penalidad pre-reforma.

En Viña, hasta el momento, la Contraloría ha encontrado irregularidades administrativas en el trato con la empresa GMA.

¿Recuerdan ese concepto?

¿Qué no fue un “desorden administrativo” el que hizo caer a Sor Yasna Provoste?

¿Qué no fue la misma UDI la que alegó como la concertación tenía un gobierno absolutamente corrupto y que se estaban robando la “plata de todos los chilenos”?

¿Qué no era la UDI la que prometió una mano dura contra la corrupción?

Pues parece que no. Hasta el momento la mesa de la UDI ha dado un respaldo cerrado (y ciego, sin conocer los informes de contraloría) a sus alcaldes.

Corrijo, hace pocas horas la directiva de la UDI decidió pasar a Cornejo al tribunal supremo. Al parecer el control de daños electoral operó.

La pregunta que bien valdría la pena hacerse es ¿Cuál es el lugar de la corrupción en nuestro país?

La encuesta de Adimark dada a conocer en Mayo, mostró que el tema peor evaluado por los encuestados era la corrupción en los organismos del Estado, superando la delincuencia, y al Transantiago.

Ahora, según Chile Transparente –sucursal nacional de Transparencia Internacional-, en el último informe (septiembre de 2007) Chile se había ubicado en el lugar 22 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción.

Este índice se elabora en base a preguntas a personajes claves en instituciones financieras, empresarios, académicos, y analistas. Chile cae dos lugares con respecto al anterior año, y baja tres décimas en el índice (de 7,3 a 7 con un ideal de 10 y un mínimo de 0). Habrá que esperar hasta septiembre para ver cuanto bajamos este año.

Nuevamente seguimos siendo el país con menor percepción de la corrupción en América Latina. Pero con esa vocación histérica que tenemos, al igual que como somos el país más seguro de Latinoamérica y somos el más temeroso a la delincuencia, pensamos que la corrupción es nuestro peor problema. Para mi gusto, una falta de respeto a desempleados, trabajadores en condiciones precarias, pobres, y gente que no tiene –literalmente- dónde caerse muerta.

Piñera está dentro de esos histéricos. En un oportunismo –que no puede sino ser electoral- declaró “tenemos un grave problema de corrupción en nuestro país, no son hechos aislados, hay que enfrentarlo con toda la voluntad del mundo, y con todo el rigor de la ley”, y desmarcándose de sus anti-socios gremialistas: “no puede haber ningún doble estándar para enfrentar la corrupción”.

Vuelvo a preguntar, ¿Cuál es el lugar de la corrupción en el país?

No podemos quedarnos solamente en lo que alimentan los medios como lo hacen con la “inseguridad ciudadana”, porque esto sólo nos explica el desmesurado lugar que ocupa en los problemas del país para la “opinión pública”.

¿Es tan distinto que un funcionario municipal pase a formar de una empresa que realiza asesorías para la municipalidad en la que trabajaba, con el hecho de que un ex ministro ocupe directorios de empresas, o se dedique al Lobby?

¿Es tan distinto que una ministra no tenga control sobre las platas que maneja su Seremi, con un alcalde que no controla los tratos que hacen sus subalternos con empresas chantas?

¿Es la sola permanencia de una coalición en el poder la que explica que surja la corrupción? Y si dijéramos que sí, ¿Por qué no extenderlo a alcaldes reelectos (indefinidamente) de la coalición de oposición?

¿Nos escandaliza la corrupción por principio, o sólo cuando son platas públicas?

Si fuera algo así de tajante, el tema Provoste se hubiera centrado en cómo los sostenedores de colegios se dedican a robarle plata al Estado. “Plata de todos los chilenos”, y no en cómo la ministra no fue capaz de fiscalizarlo.

Si la responsabilidad es sólo política, asumimos que es esperable que habiendo la posibilidad de robar, se robe. Y si aceptamos eso, pues deberíamos quitar el lucro de la educación (una fiscalización total y permanente es imposible), y no nos deberíamos horrorizar pensando que la corrupción es peor que la delincuencia o el Transantiago.

El lugar de la corrupción es el lugar de la oportunidad.

La oportunidad de obtener un poco más de lo debido.

La oportunidad de obtener las cosas más rápido que lo normal.

La oportunidad de asegurar un cargo de influencia o de poder.

La oportunidad de un operador político de obtener réditos por las redes que movió.

La oportunidad de hacer la de “los vivos” y saltarse la de “los giles”.

La oportunidad de una alcaldesa de pagar los favores que aseguraron su campaña.

La oportunidad de un sostenedor de ganar un poco más con alumnos truchos.

La oportunidad de un periodista de “golpear” con noticias que son menos de lo que parecen.

Por último, un dato de la CERC, que le viene como anillo al dedo a los alcaldes que ruegan a tribunales (supremos del partido, Contraloría, y penales) por su re-eleción: las campañas electorales se llevan el 69% de las menciones (el más alto) entre los lugares en que hay mayor corrupción.

¿Y usted, exige siempre su boleta? ¿O es cómplice del robo de “plata de todos los chilenos?

Actualidad/La Columna
Corrupción, Iñaki Busto, RN, UDI, Yasna Provoste