Hace un par de semanas se ha puesto en jaque la unidad democrática de Bolivia. Desde que Santa Cruz lucha por su autonomía, es que se teme una ola de autonomías de departamentos que quieran seguir el mismo camino, lo que crearía un ambiente separatista y con graves consecuencias económicas para el país.

Evo Morales no debe estar pasándolo bien. Las Elites de Bolivia que concentran sus ganancias en el rico territorio de Santa Cruz, buscan un centralismo regional autónomo que en el fondo les permitirá utilizar los recursos naturales del país, lo que claramente significa una amenaza siendo que este departamento equivale a un 30% del PIB boliviano. Esta determinación, además, frena el proyecto indigenista de Morales.

Bolivia se compone de 9 departamentos, dentro de los cuales 4 se han pronunciado en pos de una autonomía. Sin embargo, los alcances que estas incluyen dentro de sus proyectos no se apegan a lo que se establece en la Constitución que creó la Asamblea Constituyente, ya que marca claramente un interés económico excluyendo reformas sociales.

Los impulsores de la autonomía proponen que el 50 por ciento de las utilidades de los yacimientos queden para ellos, dejándole al Estado el 40 y a la población indígena el 10 por ciento. Además, rechazan que el Estado tome un porcentaje de lo que actualmente reciben los Departamentos para destinarlos al pago de la Renta Dignidad, como se denomina a los 32 dólares mensuales que el país entrega a sus ancianos, medida implantada por el actual gobierno de Evo.

También, entre las cosas que se proponían contaban el establecimiento de un sistema y programa educativo propio, legislar en materia religiosa e incluso la subordinación de las Autonomías Indígenas a la autonomía Departamental, o sea, prácticamente la creación de un Estado independiente. Un Estado que estará en manos de los que más tienen y que incluso han tapado ante la justicia a los indígenas guaraníes que mantienen cautivos como servidumbre. Los mismos que están siendo investigados por cuantiosos fraudes de hectáreas en el campo.

Acá el tema no está en si quieren ser autónomas buscando una mejor representación local e incluso pensando que un gobierno centralizado con ideas a kilómetros de distancia no son aptas para ellos como es lo que se estila en España, el problema acá es que los proyectos presentados atropellan los intereses comunes del pueblo boliviano garantizándole larga vida a los oligarcas de Santa Cruz, los mismos que usurparon las Tierras Comunitarias de Origen, que pertenecían a las comunidades indígenas y que les fueron quitadas mediante subterfugios legales. Está bien que quieran elegir como quieren vivir, pero no sacando ganancias de los recursos naturales de todo Bolivia.

El referéndum de Santa Cruz es inconstitucional e ilegal, se atribuye competencias que pertenecen al conjunto de los bolivianos. Sería fácil llegar y decir que se quiere la autonomía y hacer una votación, pero el asunto no va por ese camino si se reflexiona sobre el bien de Bolivia, que no se vería favorecido con una separación paulatina de sus departamentos y menos con arriesgarse a una amenaza al territorio nacional

Está claro entonces, que lo que está de por medio son cuantiosos intereses económicos de los grupos dominantes en esas regiones y también los intereses estadounidenses (para variar), todos los cuales se ha visto afectados por las medidas tomadas por el gobierno de Morales, en particular la reforma agraria y la nacionalización de los hidrocarburos.

Falta esperar las votaciones departamentales en Beni y Pando el 1 de junio, y en Tarija el 22 de ese mes, las cuales serán determinantes en demostrar este aire separatista que inunda en Bolivia. La Suprema Corte de Justicia, que es la que debería pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de este ejercicio, no lo ha hecho, por lo que falta certeza sobre lo que ocurrirá definitivamente a la posteridad en el país vecino.

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Bolivia, Evo Morales, Referendum revocatorio