Antes de estallar un nuevo Caso Subvenciones, el Gobierno se adelantó a la presunción de inocencia y descabezó la jerarquía del Registro Civil, por sus implicancias en una licitación viciada, lobbystas mediante. En la otra vereda, a los católicos de misa diaria de la UDI se les armó un MOP-Gate, incluyendo personajes turbios y triangulaciones de platas. ¿Aló, probidad?

Registro Civil

Érase una vez un concurso público para licitar el soporte tecnológico del Registro Civil e Identificación, esa repartición donde están incluidos la mayoría de nuestros datos esenciales. La multinacional india Tata se ganó la licitación, pero hubo un pequeño inconveniente: el asesor que confeccionó la licitación del Registro Civil, a su vez, había sido asesor de la empresa tecnológica.

Por culpa del señor asesor Andrés Contardo y su arreglín difundido, el Civil debió desahuciar la licitación. Y en honor a las responsabilidades políticas, el PPD Guillermo Arenas, el capo de la repartición fue despi-renunciado por el Ministro de Justicia Carlos Maldonado, junto con toda la cúpula del Registro Civil.

Uno de los salientes, Enzo Pistacchio, histórico (junten miedo, respiren cortito, cierren los ojos) “operador político” de la Democracia Cristiana, habló por la herida, asegurando que se trataba de un conflicto de lobbystas. Algo de razón tenía.

Ese mismo día salió otro antecedente a la luz: cierto hombre se paseaba por las empresas candidatas en la licitación, presentándose como un amigo del señor Arenas, que a cambio de una ligera coima ofrecía una opción preferencial en el concurso público. Su nombre, Jorge Schaulsohn.

¿Qué? ¿El mismo hombre que renunció al PPD hastiado de la corrupción en el aparato público? Ese mismo personaje está sindicado como “traficante de influencias”, una acusación que por muchos años se le hizo en forma velada.

A decir verdad, siempre supimos porque Schaulsohn se largó del “partido instrumental”. Los contactos de este hombre financiaron las campañas del PPD, pero cuando aquellos candidatos salían electos, fustigaban a sus financistas, haciendo vista gorda de las malas artes en la administración pública.

Hastiado de que sus financiados le escupieran el bolsillo, Schaulsohn denunció la “ideología de la corrupción”, autoproclamándose paladín de la lucha contra el chanchullo estatal. Gastó ingentes recursos y contactos en denunciar al Gobierno, confiado que su trenza de amistades iba a resguardar su tejado de vidrio. Lástima que el tejado comenzó a trizarse y justo está empezando a llover.

Caso Huechuraba

Católicos de misa diaria, monárquicamente confesionales, ejemplos de rectitud cristiana, prueba viva de la mesura y la templanza. Partieron como un grupo de amigos que reemplazó el espíritu patéticamente yuppie de la PUC, por las fangosas canchas del servicio público. Con el tiempo se consolidaron, engrosaron las filas militantes y ganaron influencia. Pero hasta el día de hoy la UDI se presenta como un “partido de amigos”.

Justamente por ser un “partido de amigos”, la actuación de la UDI en el Caso Spiniak no logró despejar las suspicacias, ni logró desterrar las sospechas de ocultamiento.

Ahora nos enteramos que “el partido de amigos” mejoraba el salario de sus concejales mandándolos como asesores a comunas lideradas por correligionarios, intercambio comercial donde estarían involucrados los municipios de Recoleta y Huechuraba, comandados por Gonzalo Cornejo y Carolina Plaza, respectivamente.

No conformes con lo anterior, articularon una empresa de asesorías para triangular fondos municipales, ganando licitaciones para proyectos risibles. ¿Les suena parecido al MOP-Gate? Pues bien, la empresa se llama GMA, Gonzalo Cornejo figura como articulador de la sociedad y, aunque declaraba domicilio en el centro de Santiago, su oficina funcionaba ¡En las instalaciones de la misma Municipalidad!

También aparecieron los expertos en todo, asesores sin título universitario capaces de expedir un acucioso estudio para evaluar y supervisar salvavidas en una piscina municipal, al precio de 600 mil pesos. Claro, deben caratular estos chistes como análisis creíbles; lo cual explica por qué Huechuraba no mandaba a estos consultores a ver si llovía en la esquina a 300 lucas semanales.

Asimismo, el hallazgo de un “operador político” en la peor de sus formas, militando en la UDI, ha causado profundo estupor. Iñaki Busto, trabajaba como jefe territorial en la campaña presidencial de Joaquín Lavín en 2000. Actualmente, formaba parte de GMA, donde presentó a Huechuraba su proyecto estrella: un sistema georeferencial, cuyo prototipo se demostró precariamente: con un mapa fotocopiado y lápices de colores.

Por estas peguitas, Busto boleteaba por un cuantuay de giros: asesoramiento empresarial, publicidad, venta al detalle… No sería de extrañar que, en caso de faltarle una boleta por “asesoramientos”, facturaba con una de tornero, matuteo de chaquetas de cuero compradas en Mendoza, retiro de televisores o incluso la boleta de un taxímetro.

Para coronar, la guinda de la torta ha sido —como en el Registro Civil— una licitación. “Lady Di” Plaza buscaba renovar el contrato de los servicios telefónicos de Huechuraba. Como obliga el procedimiento, el concurso debe hacerse a través de Chilecompra, institución la cual los oferentes deben estar inscritos. Pero la Alcaldesa apoyó la opción de prorrogar a la empresa GTD, la cual no estaba inscrita en Chilecompra, saltándose el procedimiento legal.

Por esas casualidades de la vida, Isaac Givovich, a la postre yerno de Joaquín Lavín (recuerden que la UDI es un “partido de amigos”), trabajaba como asesor en Huechuraba y denunció la situación. Acusó que Telmex participó en la licitación inscribiéndose en Chilecompra, pero optaron por el diablo conocido, que se saltó todo el trámite administrativo de rigor.

“Lady Di” se sulfuró y echó al familiar incómodo. Lavín aseguró que ponía las manos al fuego por el marido de Asunción. El partido ahora desconoce al ex candidato presidencial y desautorizó sus declaraciones. Entre medio, Plaza busca exculparse garantizando la grabación de una conversación privada con Givovich. Y Lavín matizó sus dichos: que el yerno se defienda solo.

En el Gobierno

La Moneda no podía llevársela pelada. En la discusión por la ley que disminuirá el precio de los combustibles, los parlamentarios estuvieron muy tirantes con el tope de UF a partir de los cuales se eliminaría la franquicia tributaria para la construcción.

Mientras Andrés Velasco envió el proyecto, eliminando franquicias a partir de las UF 2.000, los señores en Valparaíso alegaron que dicho proyecto perjudicaría a la clase media, por lo cual solicitaron aumentar el piso unas cuantas UF más. Aunque se estuvieran alejando de la clase media, muchos de los cuales no pueden costearse domicilios a $ 40 millones.

Finalmente, en la discusión parlamentaria el piso quedó ubicado en las UF 4.500, casitas sobre los $ 90 millones. Indudablemente, la clase media no ha sido perjudicada. Pero toda esta historia guarda un lobbysta oculto: el Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien muñequeó para lograr un alza de este piso altamente (risas) discriminador.

¿Y dónde está el problema? Pérez Yoma es dueño de una constructora. Y dicha constructora ha incursionado en proyectos para la clase media alta. Rarísimo.

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