Michelle Bachelet asumió el Gobierno en medio de promesas de entregarle a la ciudadaní­a las herramientas para crear “empoderamiento”, extender los derechos civiles más allá del mero acto de votar y “cómo no” acercarnos lentamente a esa utopí­a de entrar a la deliberación de los grandes procesos del paí­s.
Paradojalmente, adolescentes sin derecho a voto fueron los primeros en cobrar la palabra. Crearon una revolución para mejorar su educación, poniendo de cabeza a las autoridades, acostumbradas a que las pancartas sean patrimonio de un grupúsculo de cabecitas de pistola. Esta vez, como nunca, los manifestantes no pedí­an lo imposible. Sus demandas eran realmente necesarias.

Poco tardaron en llegar las soluciones para el problema. La más importante de ellas fue a escala de sus demandas, una comisión especial “en la cual formarí­an parte” para analizar la crisis en el sistema educacional y proponer soluciones en forma.
El resultado redundó en un parlamento tecnócrata sobre la discusión de un asunto en particular, que pese a ser “tecnócrata” no dejó de ser “parlamento”.Con el paso de los dí­as, unos más y unos menos, convirtieron al Comité Asesor en una cazuela de afiebrados intentando imponer sus dogmas excluyentes, sin ánimo ni intención de querer claudicar en pos de la mayorí­a.
La nota alta de estas disputas la dieron los mismos estudiantes, quienes agarraron codos cuando sólo les habí­an tendido una mano, radicalizando sus posturas y llamando a extender el chicle de las protestas, intentando asentar sus incipientes liderazgos.

Al final del dí­a, la nobleza de la causa estudiantil desembocó en chicos mareados con la exposición mediática, jugando a ser caudillos de medio pelo, polillas en busca de focos para hacer la declaración más explosiva, flanqueados por los adláteres que cortan las huinchas por sucederlos, convocando cada vez menos gente.
El grupo de acción ciudadana más perfecto de nuestra historia se transformó en uno de los tantos movimientos charchas que abundan en nuestro paí­s.

La mayorí­a de las organizaciones intermedias de nuestro paí­s clasifican como movimientos charchas, reducidos a chozas donde un hombre hace de Señor Corales de su propio activismo. Cuando reciben recursos de algún ente, generalmente aprovechan de robar. Sea por el dinero o por el poder “cuando estas organizaciones guardan alguna influencia, por minúscula que sea“, Corales tiene una corte de tontos útiles para hacer el trabajo sucio. Pero nunca son más de cuatro gatos.

Ahí­ tenemos a las sedes comunales de los partidos polí­ticos, las juntas de vecinos e incluso más de algún “club deportivo y social”, así­ como las versiones más sofisticadas, con nombres de alta convocatoria autoproclamada como las “Ví­ctimas de la Delincuencia” o el “Comité de Usuarios del Transantiago”, que reúnen a los mismos cuatro gatos, comandados por lí­deres de la coyuntura que no cejan en su meta de ser la voz de una mayorí­a esquiva.

En el caso de la cruzada antidelincuencia, ésta la encabeza Gonzalo Fuenzalida, un abogado con cara de yuppie, aunque con problemas de accountability. Tras haber sido asaltado por una banda criminal, en lugar de pagarse un psiquiatra para quitarse el trauma, decidió gastar aún más dinero en crear una organización que le metiera el dedo en la herida. Nada más masoquista.

Si bien en su página de Internet el movimiento de Fuenzalida dice no tener fines polí­tico-partidistas, propugna para la lucha contra la delincuencia la clásica agenda derechista basada en la segregación y la exclusión social. Las suspicacias aumentan cuando en el sitio se agradece el apoyo otorgado por la agencia comunicacional Target, dirigida por la periodista Paula Afani, más conocida por ser una connotada propagandista del pinochetismo, pareja de Rómulo Aitken, un ex personero de la Policí­a de Investigaciones tristemente célebre por haber organizado una red de espionaje para montar un infundio contra la entonces candidata Michelle Bachelet en beneficio del comando de Joaquí­n Laví­n “donde Afani también colaboraba“, además de un presidio por obstrucción a la justicia por robarse la evidencia de un caso de internación de 200 kilos de cocaí­na.

A juzgar por lo anterior, “Ví­ctimas de la Delincuencia” se contradice con su propósito fundacional de ser un movimiento transversal contra la criminalidad. Primero, por las credenciales polí­ticas del (vital) manejo comunicacional. Segundo, porque no resulta lo suficientemente coherente albergar a la pareja de un hombre con prontuario criminal.

En el caso del “Comité de Usuarios del Transantiago”, el caudillo de turno se llama Sergio Sepúlveda, secretario general de las Juventudes Comunistas. Convocó el primer movimiento para protestar contra el nuevo sistema de transporte cuando sólo llevaba ¡media semana! Posteriormente, ha cosechado apariciones en los medios de comunicación por una acción artí­stica consistente en elaborar el reclamo más grande del mundo.

Sepúlveda ya tiene experticia en colgarse de las polémicas del momento: prestó ropa en el movimiento estudiantil, hizo lo suyo en la toma de Peñalolén y hasta quemó una bandera estadounidense en protesta de la venida de la Secretaria de Estado Condoleezza Rice a la toma de posesión de la Presidenta Bachelet.

La primera medida de su petitorio peca de megalomaní­aca: “corregir el trazado de recorridos, conjuntamente con representantes de las organizaciones sociales y el Comité de Usuarios”. Cuatro gatos demandando injerencias y poder de veto para solucionar una polí­tica pública. Incluso se atreven a pedir mejorar la señalética porque “las actuales no son legibles para la tercera edad”. (Curioso que hable de las “señaléticas actuales”, si nunca antes las hubo.)

Por último, tenemos a las organizaciones gremiales, aquellas donde el presidente del sindicato suele ser un trabajador de medio tiempo “para no perder la costumbre” o, en el caso de las multigremiales, un tipo que dejó el oficio hace buenos años ya “pero jamás dice ser “ex empleador” del último lugar donde estuvo“.

Aunque los asociados no sean ni la décima parte del total de los trabajadores del rubro, siempre se jactan de hablar por la mayorí­a y, pese a no ser ciertamente representativos, demandan al Estado la interferencia sobre los asuntos de su concernimiento en cuanto parte interesada.

En consecuencia, los gremios no son atractivos para muchos de quienes podrí­an adherirlos. Salvo uno que otro incauto, nadie quiere formar parte de una sociedad para beneficiar los caprichos de su caudillo, además nadie quiere combatir el statu quo sin sentirse otro grupo de interés de escasa resonancia.

La poca seriedad de nuestras organizaciones sociales choca con ese “estilo ciudadano” promovido por la Presidenta de la República. Difí­cilmente pueden establecerse polí­ticas públicas con la ayuda de los grupos intermedios en su condición actual. A los movimientos charchas les falta madurez para ser las bisagras del poder chileno. Sólo podrán redimirse cuando dejen de ser camarillas para caudillos y sus suches, cuando dejen de robar cuando haya, cuando el disenso dentro de los movimientos no concluya en eternas escisiones, cuando tengan una verdadera vocación de mayorí­as y no se conformen con representar a los mismos cuatro gatos de siempre.

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